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Decisión de inmigración: ‘más allá de la puesta en vigor’


BROWNSVILLE, Texas (BP) — La administración Obama ha apelado la decisión de un juez federal de bloquear la implementación del programa que potencialmente le concedería “presencia legal” a cerca de 4 millones de inmigrantes indocumentados. La administración también le pidió a una corte federal aplazar la sentencia.

El día que la apelación fue presentada, el presidente de una universidad bautista mencionó “la aplicación selectiva de las políticas de inmigración de la administración Obama.”

“Todo el mundo debe estar bajo la misma ley,” dijo Barry Creamer, presidente de Criswell College en Dallas y directivo de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC por sus siglas en inglés), a Baptist Press en comentarios escritos el 23 de febrero. “Para muchos observadores la aplicación selectiva de las políticas de inmigración del presidente parecen establecer de facto un juego de leyes para inmigrantes [ilegales] de mucho tiempo distinto a los lineamientos que los inmigrantes legales siguieron con gran sacrificio. Pero lo que es más desconcertante en el presente es el aparente empuje del presidente en contra del equilibrio de poderes de los tres poderes del gobierno.”

La ERLC ha solicitado una reforma de inmigración que provea seguridad en las fronteras y en los lugares de trabajo; defienda el estado de derecho; respete la unidad de la familia; y establezca un camino al estatus legal para aquellos que quieran vivir en EE.UU. permanentemente y estén dispuestos a pagar las multas y a llenar los requisitos.

El juez de distrito de EE.UU., Andrew Hanen dictaminó el 16 de febrero que un programa diferido de deportación iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) no puede ser implementado mientras una acción legal sea decidida, en la cual 26 estados desafiaron la medida. El programa, conocido como “Acción diferida para padres de estadounidenses y de residentes permanentes legales” (DAPA por sus siglas en inglés), les permitiría a los inmigrantes ilegales que entraron a EE.UU. antes de los 16 años solicitar el estatus de “presencia legal” y permisos de trabajo renovables cada tres años.

Los estados que desafían DAPA alegan que las solicitudes para el estatus de presencia legal recibirán “solamente la revisión de una proforma” antes de ser garantizada, de acuerdo a la opinión de 123 páginas de Hanen. Un programa similar negó solamente el 5 por ciento de aproximadamente 723.000 solicitudes de estatus legal durante el 2014, escribió Hanen.

En una propuesta de emergencia en la que se le pide a la corte federal que mantenga en efecto DAPA mientras se decide la apelación al fallo de Hanen, Sarah Saldaña, directora del Servicio de inmigración y aduanas de EE.UU., escribió que bloquear DAPA “interfiere con la estrategia integral del gobierno federal para implementar las leyes de inmigración.” DAPA estuvo entre el paquete de acciones ejecutivas controversiales sobre inmigración anunciadas por Obama en noviembre.

Hanen, designado por George W. Bush con sede en Brownsville, Texas, decretó que el estado de Texas — posiblemente junto con otros estados — “sufrirá daño” debido al programa, tiene fundamento jurídico para desafiar el programa y posee “una substancial posibilidad de tener éxito” en su demanda.

En 2013-14, Texas absorbió por lo menos $58 millones en costos de educación como resultado de la inmigración ilegal y en 2008 incurrió en $716 millones en cuidado médico no compensado provisto a extranjeros ilegales, señaló Hanen — cifras que probablemente van a incrementar si el número de inmigrantes indocumentados incrementa.

Al Departamento de Seguridad Nacional “no se le dio ninguna discreción por ley” para dar a 4.3 millones de extranjeros removibles lo que el DHS etiqueta como ‘presencia legal,'” escribió Hanen. “De hecho la ley manda que esos individuos presentes ilegalmente sean removidos.

“El DHS ha adoptado una nueva regla que sustancialmente cambia tanto el estatus como la posibilidad de conseguir empleo a millones. Esos cambios van más allá de la simple implementación o incluso la no implementación del esquema de inmigración de esta nación. Inflige costos mayores tanto en los gobiernos estatales como en el federal,” escribió Hanen.

Si una suspensión de la orden de Hanen es otorgada, la administración cree que puede comenzar a aceptar solicitudes para el programa mientras se apela el fallo.

“Buscaremos esa apelación debido a que creemos que mientras se evalúan los meritos legales del argumento, hay fundamento legal sólido para que el presidente dé los pasos que anunció a finales del año pasado para reformar nuestro descompuesto sistema de inmigración,” dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest.

En noviembre, el presidente de la ERLC, Russell Moore llamó la acción ejecutiva de Obama “un movimiento desacertado y contraproducente,” y manifestó su preferencia por una reforma migratoria “a través del proceso legislativo.”

En 2011, los mensajeros a la Convención Bautista del Sur en Phoenix aprobaron una resolución sobre la reforma de inmigración que llamaba a un avance del evangelio a la vez que buscaba la justicia y la compasión. La resolución instaba al gobierno a hacer de la seguridad de la frontera una prioridad y a tener los negocios a cuentas en la contratación de sus empleados. También pedía que las autoridades públicas establecieran después de haber asegurado las fronteras “un camino justo y compasivo al estatus legal, con medidas restitutorias apropiadas, para aquellos inmigrantes indocumentados que ya viven en nuestro país.”

El debate sobre la resolución causó desacuerdos entre los bautistas del sur en cómo el gobierno federal debería manejar los 11 a 12 millones de inmigrantes ilegales en EE. UU. Una enmienda para borrar el párrafo que llamaba a “un camino justo y compasivo al estatus legal” no pasó por un margen de 51.3-48.4. El comité de resoluciones propuso una enmienda, la cual fue aceptada por los mensajeros, que clarificaba que la resolución “no debía ser entendida como apoyo a una amnistía para los inmigrantes indocumentados.”

Creamer de Criswell College señaló que “los creyentes juiciosos tienen varios asunto para examinar en relación al reciente conflicto de inmigración entre los estados y el gobierno federal, y ahora inclusive dentro del gobierno federal entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

“Ante todo, en la mente de muchos creyentes a ambos lados del entorno político está la compasión que tenemos y que desearíamos expresar a cada inmigrante en nuestro país — legal o lo contrario; también muchas discusiones sobre inmigración revelan tendencias racistas. Al mismo tiempo, la única manera de que la genuina compasión por cada persona pueda ser materializada es que todos estemos bajo el mismo sistema de derecho. En una sociedad justa no puede haber unas leyes para algunos inmigrantes y otras para otros inmigrantes; ni tampoco puede haber una ley para los ciudadanos y otra para los forasteros,” dijo Creamer.

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  • Por David Roach