NASHVILLE, Tenn. (BP)–Jan Brewer, gobernadora de Arizona, ha ordenado al fiscal general del estado a que ponga una demanda que logre un juicio declaratorio de una corte federal con respecto a la legalidad de una ley de la marihuana medicinal aprobada por los electores el otoño pasado.
El fiscal de los EE UU para Arizona informó a los líderes estatales en mayo, a través de una carta, que debido a que el gobierno federal considera la marihuana como una substancia controlada, cualquier persona que la cultive, la distribuya o la posea –- incluso bajo la nueva ley estatal — pudiera enfrentar cargos federales.
“Para los empleados federales acusados de administrar el programa de la marihuana medicinal o los residentes de Arizona que deseen participar como consumidores, es importante que recibamos guía de la corte para saber si están en riesgo de ser sujetos a cargos federales,” dijo Brewer el 24 de mayo.
La gobernadora está preocupada particularmente acerca de los empleados estatales que deben emitir licencias para dispensarios y credenciales para los pacientes que califiquen en el registro. Si un juez federal decidiera que tales actividades van en contra de la ley federal, los empleados estatales pudieran ser sujetos a cargos federales, dijo la oficina de la gobernadora. La marihuana medicinal también presenta incertidumbre en cuanto a la aplicación de la ley estatal.
“Estamos profundamente frustrados por este anuncio,” dijo Rob Kampia, director ejecutivo del Marijuana Policy Project. “La ley que la Gobernadora Brewer quiere prohibir estableció un sistema extremadamente bien pensado y conservador para la marihuana medicinal. La ley fue redactada de manera que un número muy limitado de dispensarios sin fines de lucro sirvieran las necesidades de los pacientes que estarían registrados ante el estado.”
Arizona se convirtió en el 15º estado en legalizar la marihuana medicinal el otoño pasado. La Propuesta 203, como se conoce, carecía de cerca de 7,000 votos un día después de la votación pero terminó ganando con un margen de 4,341 de los 1.65 millones de votos, una vez que se dieron a conocer los conteos.
Antes de la elección, Brewer se unió a los alguaciles del condado y a los fiscales del condado en cada uno de los condados de Arizona para oponerse a la Propuesta 203, citando en parte el costo de la iniciativa durante estos tiempos de crisis económica.
“Simplemente no podemos pagar servir como un experimento de los intereses de fuera para a final de cuentas buscar la legalización de las drogas,” dijo Brewer. “Los contribuyentes de Arizona no pueden –- y no deben -— cargar con el costo de la creación de un ambiente en el cual en uso y disponibilidad de la marihuana proliferará innecesaria y dañinamente.”
Brewer señaló que en otros estados que han aprobado medidas similares, sólo del 2 al 3 por ciento de los pacientes de marihuana tienen enfermedades serias, la mayoría de los que cuentan con una credencial para comprar marihuana son menores de 40 años y un gran porcentaje son adolescentes.
PAREJA DEFIENDE BEBÉ ‘SIN GÉNERO’ — No se trata de que una pareja canadiense en particular se negara a decir a la gente el género de su bebé hasta que naciera. Si no que han decidido no decir a la gente el género, incluso ahora que ya tiene 4 meses.
Kathy Witterick y su esposo David Stocker han causado revuelo al vestir a su bebé, llamado Storm [Tormenta, en inglés], con ropa unisex y le dicen a los demás que no tienen la mínima intención de revelar si el bebé es niño o niña.
“Hemos decidido no revelar el sexo de Storm por ahora—un tributo a la libertad y las decisiones personales en lugar de la limitación, una postura a favor de los que pudiera ser el mundo durante la vida de Strom (¿un lugar más progresista?),” dio la pareja en un mensaje electrónico enviado a sus amigos.
La pareja tiene otros dos hijos mayores, Jazz, de 5 años y Kio de 2 años, y aunque son varones, se les permite vestirse como niñas cuando quieran.
Como respuesta, la gente ha dicho que los padres son egoístas al volver a sus hijos un extraño experimento social. Pero la pareja está decidida, insistiendo que permitirán que Storm determine su propio género.
“Lo que notamos es que los padres toman tantas decisiones por sus hijos. Es algo detestable,” dijo Stocker.
R. Albert Mohler Jr., presidente de Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Ky., dijo que la controversia alrededor de Storm es una señal de nuestros tiempos.
“Nuestra rebelión contra nuestro Creador ahora ha alcanzado el punto que negaremos el hecho de que nuestra identidad no es tan sólo nuestro proyecto personal sino primeramente está ya establecido por la intención del Creador –y una parte de esa intención es el hecho de que somos hombre o mujer,” escribió Mohler en su bitácora por internet, el 24 de mayo, en albertmohler.com.
La decisión sobre el género, dijo Mohler, no es tomada por los padres si no por Dios, y la realidad objetiva del género de Storm con el tiempo se convertirá en un asunto público, como por ejemplo cuando tenga que elegir a qué baño público entrar.
“El punto mayor en tela de juicio en esta controversia es la realidad objetiva del sexo o género. Somos, de hecho, lo que nuestros genitales dicen que somos,” escribió Molher. “No es porque nuestros genitales nos determinan, si no porque fuimos creados por un Dios santo cuyos planes y propósitos para nosotros están, sin escapatoria, ligados a nuestro género.
“El género no es meramente una realidad construida socialmente. Cuando la Convención Bautista del Sur modificó su confesión de fe, La Fe y Mensaje Bautistas, en el 2000, añadió lenguaje que definía el género como ‘parte de la bondad de la creación de Dios.’ Algunos observadores se preguntaban por qué ese lenguaje es importante,” escribió. “Ahora ya lo saben.”
CONDADOS CON LOS DIEZ MANDAMIENTOS AHORA LE DEBEN DINERO A LA ACLU — Dos condados de Kentucky que han peleado durante 12 años el poder poner copias de los Diez Mandamientos en sus cortes ahora le deben un total de $456,881 a la American Civil Liberties Union de Kentucky por su labor retando tales exhibiciones, las cuales fueron declaradas inconstitucionales.
Un juez en mayo otorgó otros $23,366 en cuotas de abogados y costos a la ACLU, aunque ningún condado tiene los medios para pagar la cuenta. El condado McCreary, uno relativamente pobre, no cuenta con dinero extra en su presupuesto y el juicio no fue cubierto por la póliza de seguro del condado, según reportó Lexington Herald-Leader.
Los oficiales en el condado Pulaski pensaron que podrían buscar la ayuda de Liberty Counsel, el grupo cristiano legal que representó a los condados por años de batallas de legales, pero Matthew Staver, fundador de Liberty Counsel, dijo que duda que la gente que apoyó la pelea por exhibir los Diez Mandamientos quiera donar el dinero que se irá a la ACLU.
Los condados pudieran apelar por lo menos una parte de la multa, o pudieran buscar negociar un acuerdo más módico, dijo el periódico. Los residentes han amenazado con demandar a los condados si se utilizan sus contribuciones de impuestos para pagar la cuenta.
El caso comenzó en 1999 cuando los oficiales de ambos condados colgaron copias enmarcadas de los Diez Mandamientos en el Ayuntamiento de Somerset y Whitley, y entonces se presentaron las demandas de ACLU y algunos residentes. La Suprema Corte falló 5 contra 4 en contra de la exhibición en el 2005, diciendo que el motivo para exhibir el documento era claramente religioso. Los condados continuaron apelando, esperando que una corte más conservadora les apoyara, pero la suprema corte este año decidió no tomar el caso en sus manos otra vez.
“La ACLU está comprometida con asegurarse que estos juicios se apliquen para evitar que haya futuras violaciones de las libertades civiles,” dijo Williams Sharp, un abogado de la ACLU.
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Erin Roach es un editor asistente de Baptist Press.
