WASHINGTON (BP) — La Corte Suprema de EE.UU. mantuvo estrechamente el martes (30 de junio) un programa de becas de crédito tributario que incluye a las escuelas religiosas y, por ende, mantiene su reciente apoyo al derecho de los grupos religiosos a participar en los programas de gobierno.
La corte alta votó 5-4 para revocar una decisión de la Corte Suprema de Montana que invalidaba un programa estatal que proveía crédito tributario de hasta $150 por una donación a la Organización de Becas Estudiantiles (SSO). Las contribuciones a las becas financian la SSOs dadas a las familias por costo de matrícula de estudiantes en las escuelas privadas de su elección. El programa aprobado por la legislatura del estado incluye escuelas cristianas y otras escuelas religiosas.
La corte alta de Montana invalidó todo el programa en una decisión de 2018 porque la ley incluye escuelas religiosas. Al revocar una decisión de una corte baja, los jueces de Montana dijeron que el plan viola la “no provisión de ayuda” de la constitución estatal en relación con las escuelas religiosas.
Esa prohibición es una de las muchas que las enmiendas Blaine promulgaron en el siglo XIX que discriminaban en contra de los católicos y han sido usadas en contra de los programas de elección de escuela, de acuerdo con el Instituto de Justicia, que argumentó a favor del programa ante la corte alta federal. Las enmiendas Blaine — nombradas por un senador de EE.UU. quien introdujo una enmienda federal similar — existen en 37 estados, de acuerdo con el instituto.
Los defensores de la libertad religiosa aplaudieron ampliamente el fallo de la corte.
Al describirla como la “decisión correcta,” Russell Moore — presidente de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC) de los bautistas del sur — dijo que las becas en el programa de Montana “no eran una financiación de religión, ni una maraña del estado con la iglesia. El asunto aquí es si un programa de becas establecido por el estado para las escuelas privadas podría discriminar en contra de los padres que eligen enviar a sus hijos a escuelas privadas que resultan ser religiosas.”
La decisión “es consistente con los principios largamente sostenidos por los estadounidenses” que han sido reafirmados recientemente por los jueces, dijo Moore. “La enmiendas Blaine no han promovido la causa de mantener distinción entre la iglesia y el estado, sino que en vez de eso han resultado en políticas frecuentemente arbitrarias e incoherentes que son innecesariamente discriminatorias.
“Como bautistas comprometidos con una iglesia libre en un estado libre y con la separación de la iglesia y el estado, creo que este fallo mantiene esas libertades y esas delimitaciones.”
La decisión de la corte alta es “un golpe mortal tan certero [a las enmiendas Blaine] como lo hubiéramos pedido,” dijo Diana Verm, asesora sénior en Becket, una organización de libertad religiosa.
“Nuestra Constitución requiere igualdad de trato para la gente religiosa y las instituciones religiosas,” dijo ella. “La corte reconoció la intolerante historia de las Blaines, y que la historia las hace inconstitucionales en la medida que son usadas para discriminar en contra de la religión. Ya era hora de que las enmiendas Blaine mordieran el polvo.”
Escribiendo por la mayoría, el presidente de la Corte John Roberts dijo que la decisión de la corte alta de Montana violaba la cláusula de la Primera Enmienda que garantiza el libre ejercicio de la religión.
“La Cláusula del Libre Ejercicio protege inclusive en contra de la ‘coerción indirecta,’ y un estado ‘castiga el libre ejercicio de la religión’ cuando descalifica a los religiosos para obtener ayuda del gobierno como Montana lo hizo aquí,” escribió Roberts. “Las provisiones de no ayuda del siglo XIX difícilmente demuestran una tradición que debería informar nuestra comprensión de la Cláusula del Libre Ejercicio.
“Un estado necesita no subsidiar la educación privada. Pero una vez que el estado decide hacerlo, no puede descalificar a algunas escuelas privadas solamente porque son religiosas.”
En apoyo al fallo de la corte, Roberts invocó una decisión de 2017 que defendió el derecho de los cuerpos religiosos de participar en programas gubernamentales. En esa decisión, la corte alta falló en una decisión 7-2 que el estado de Missouri violó el derecho de la Iglesia Trinity Lutheran de Columbia de ejercer su religión libremente obstruyéndole participar en un programa de repavimentación del patio de juegos que estaba a cargo del gobierno.
La decisión de la Trinity Lutheran llegó a la “‘poco notable’ conclusión de que descalificar a un receptor de otra manera elegible de un beneficio público ‘solamente debido a su carácter religioso’ impone ‘una sanción al libre ejercicio de la religión que dispara el más exigente escrutinio,'” escribió Roberts. “La Constitución de Montana discrimina con base en el estatus religioso justo como la política de Missouri en la Iglesia Trinity Lutheran, que excluyó a las organizaciones ‘que son propiedad o controladas por una iglesia, secta, u otra entidad religiosa.'”
Junto a Roberts en la mayoría estuvieron los jueces que generalmente constituyen el ala conservadora de la corte alta: Clarence Thomas; Samuel Alito; Neil Gorsuch; y Brett Kavanaugh.
En una decisión concurrente, Thomas dijo que la Corte Suprema todavía necesita tratar su interpretación de la cláusula de la Primera Enmienda que prohíbe el establecimiento del gobierno de la religión, porque “continúa complicando los derechos del libre ejercicio.” “El excesivo expansivo entendimiento de los jueces [del establecimiento de la cláusula] ha llevado a una correspondiente restringida interpretación [del libre ejercicio de la cláusula],” escribió.
El ala liberal de la corte – los jueces Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan — disintieron.
En su disentimiento, Breyer sostuvo que el caso Montana es más como una decisión de 2003 salida del estado de Washington que del fallo de la Trinity Lutheran. En Locke v. Davey, la Corte Suprema falló 7-2 en una decisión que el estado podía impedir a un estudiante un programa de becas porque eligió especializarse en ministerios pastorales.
A diferencia de Trinity Lutheran, el asunto en el caso Montana “concluye en lo que las escuelas harían con el apoyo del estado,” escribió Breyer. “Y el resultado es que aquí, como en Locke, confrontamos la decisión del estado no para costear la inculcación de las verdades religiosas.”
El equipo legal, bautista del sur, compuesto por el padre y el hijo Michael y Jonathan Whitehead — coasesores jurídicos de Trinity Lutheran que ejercen en el área de Kansas City — elogiaron el nuevo fallo de la corte alta como “otra victoria del principio de igualdad de acceso” para las organizaciones y los individuos religiosos.
Mientras tanto, Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado criticaron la decisión.
La decisión “corrompe el principio fundacional de la separación de la iglesia y el estado. … Esta corte ha anulado décadas de precedentes en un esfuerzo por privilegiar ciertas creencias religiosas y hace que dominen nuestra vida civil,” dijo Rachel Laser, presidenta de Estadounidenses Unidos.
La ERLC firmó un escrito amigo de la corte, presentado por la Sociedad Legal Cristiana que instaba a la Corte Suprema a revocar la decisión de la corte alta de Montana. El escrito decía que la discriminación exigida en el fallo de la corte “viola los principios fundamentales [de las cláusulas de religión de la Primera Enmienda]: La neutralidad y la elección privada en asuntos de religión.”
El fallo llegó en Espinoza v. el Departamento de Rentas de Montana.
