WASHINGTON (BP) — Persona pública de Planned Parenthood ahora incluye el reporte de que los restos de bebés abortados en algunos de sus centros son botados en vertederos.
Una investigación a tres afiliadas de Planned Parenthood en Ohio mostró que las tres envían los restos de niños abortados a compañías que los descartan en rellenos sanitarios, anunció el fiscal general del estado Mike DeWine el 11 de diciembre. Los restos fetales aparentemente son mezclados en el vertedero con “basura regular de residencias y comercios,” dijo DeWine en una carta al director del Departamento de Salud.
El reporte se hizo público posiblemente días antes de una votación en la Casa de Representantes de EE.UU. para cortarle el año siguiente hasta un 90 por ciento de los fondos federales a la Federación de EE.UU. de Planificación Familiar (PPFA por sus siglas en inglés) y a sus afiliadas. La Casa podría votar el 18 de diciembre para aprobar un proyecto de ley de reconciliación relacionado con el presupuesto ya aprobado por el Senado.
El presidente Obama ha prometido vetar la legislación, la cual también revocará secciones fundamentales de la controversial ley de cuidado de la salud 2010 respaldada por el presidente y opuesta por casi todas las organizaciones pro-vida.
El movimiento congregacional para recortar el dinero federal para PPFA vino después de la divulgación en los últimos seis meses de videos encubiertos que revelaron que el proveedor líder de abortos del país comercia con partes de cuerpos de bebés. PPFA realiza más de 300.000 abortos al año, recibe más de $500 millones del gobierno anualmente y continúa estando plagado por el escándalo.
La oficina del fiscal general de Ohio investigó las clínicas de Planned Parenthood en Cincinnati, Columbus y el suburbio de Cleveland de Bedford Heights para determinar si estaban vendiendo partes de bebé en violación a la ley estatal. Su personal no encontró evidencia de que las clínicas estuvieran vendiendo tejido fetal, pero encontró prueba de la práctica de eliminación que viola el decreto estatal que manda que “un feto debe ser descartado de manera humana,” dijo DeWine. Eso exige que el director estatal de salud busque bloquear la práctica a través de un requerimiento de la corte.
“Justo cuando piensas que lo has oído todo, Planned Parenthood demuestra de nuevo su endurecida negligencia hacia el nonato,” dijo Barrett Duke, vicepresidente de política pública de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC por sus siglas en inglés) de los bautistas del sur. “Los bebés nonatos son tan humanos como cualquier otra persona. Merecen ser tratados con la misma dignidad y respeto que se le daría a cualquier otro, incluso en la muerte.”
Duke dijo en comentarios escritos a Baptist Press, “Si se determina que la última revelación es verdad, tenemos más evidencia para apoyar nuestro llamado de terminar los subsidios de los contribuyentes a Planned Parenthood. El personal de ERLC está orando y trabajando por el día en que nuestra nación reconozca la dignidad de los nonatos y los proteja por ley. Hasta entonces, todos debemos hacer todo lo que podamos dentro de los límites de la ley para llamar a cuentas a quien abuse del poder de la vida y la muerte de los nonatos.”
Los funcionarios de Planned Parenthood en Ohio rechazaron el reporte de la oficina de DeWine y describieron las alegaciones como “inflamatorias y falsas.” Las afiliadas de Ohio presentaron una demanda federal el domingo 13 de diciembre que contiende que ellos manejan los restos fetales de la manera como lo hacen los otros proveedores de abortos y que utilizan compañías que los descartan “respetuosamente y con seguridad.”
“A los políticos de Ohio no los pararán hasta que se prohíban los abortos en todos los casos en nuestro estado,” dijo Stephanie Kight, presidenta de Planned Parenthood de Greater Ohio, en una declaración escrita. Ella llamó el reporte un “un intento plenamente político de restringir el acceso de las mujeres a un aborto seguro y legal.”
Los defensores de los esfuerzos congregacionales para desfinanciar Planned Parenthood usaron el proceso de reconciliación debido a que capacitaba al Senado a aprobar una medida relacionada con el presupuesto sin necesidad de los 60 votos para derrotar el filibusterismo. La Casa había aprobado en septiembre un proyecto de ley diferente para desfinanciar PPFA, pero la legislación murió al llegar al Senado debido a la necesidad de una súper mayoría. En agosto, el Senado no logró pasar un proyecto de ley de desfinanciamiento a pesar de la mayoría de 53 a 46, porque no ganó los 60 votos necesarios para invocar la clausura, como es conocido.
La legislación en espera del voto de la Casa no nombra a Planned Parenthood pero especifica que prohíbe fondos a organizaciones y afiliadas que reciban desembolsos federales y estatales de Medicaid que excedan los $350 millones anuales. El proyecto no elimina aquellos fondos sino que los redirige a centros comunitarios de salud aprobados.
PPFA y sus afiliadas recibieron más de $528 millones en subvenciones del gobierno, contratos y reembolsos, de acuerdo a su último reporte financiero (2013-14). Las afiliadas de Planned Parenthood realizaron más de 327.000 abortos durante 2013.
El esfuerzo de este año del Congreso para cortar los fondos federales a PPFA llegaron después de que videos secretamente grabados fueron divulgados a principios de julio en los que se mostraba a varios funcionarios de Planned Parenthood en diferentes lugares discutiendo la venta de órganos de niños abortados. Los videos incluían el reconocimiento de los empleados de Planned Parenthood de su disponibilidad para manipular el procedimiento abortivo para preservar las partes del cuerpo para la venta y el uso.
PPFA buscó entorpecer la campaña de desfinanciamiento anunciando en octubre que sus centros ya no aceptarían los reembolsos federales por gastos acumulados en donaciones de tejidos de bebés abortados. Sus críticos, sin embargo, dijeron que la acción sirvió como admisión de culpa y no debe detener el esfuerzo de eliminar el dinero federal para la organización.
El presidente de ERLC, Russell Moore y otros 37 líderes pro-vida les escribieron a los líderes congregacionales en octubre para animarlos a usar el proceso de reconciliación en un intento por desfinanciar PPFA.
En años recientes, la sobrefacturación fraudulenta del programa Medicaid ha sido encubierta en algunas afiliadas de Planned Parenthood. Además, las investigaciones del video encubierto han pillado al personal de Planned Parenthood buscando cubrir el alegado abuso sexual infantil y la aparente disponibilidad de los empleados de ayudar a los traficantes de sexo cuyas prostitutas están en la temprana adolescencia. En otra investigación secreta, trabajadores de Planned Parenthood estuvieron de acuerdo en recibir donaciones designadas para abortos de bebés afroamericanos.
