WASHINGTON (BP) — Una nueva orden del fiscal general de EE.UU. Eric Holder para prevenir prisión severa y obligatoria a algunos delincuentes de bajo nivel acusados por posesión de drogas puede resultar en otros problemas de sentencia, de acuerdo a un bautista del sur experto en política pública.
Holder anunció el lunes (12 de agosto) un cambio en las políticas del Departamento de Justicia que significaría que no se volverían a presentar imputaciones que “impusieran draconianas” sentencias mínimas en contra de delincuentes no violentos acusados por posesión de drogas que no tuvieran conexiones con pandillas ni con carteles de las drogas.
La revisión producirá cargos que resulten en sentencias que sean más apropiadas para la conducta de tales delincuentes de bajo nivel en vez de “criminales violentos o peces gordos de la droga,” dijo Holder.
Tal enfoque, sin embargo, produjo en él “profundas reservas” acerca de la final implementación de la orden, dijo Barrett Duke de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC por sus siglas en inglés).
“La sentencia obligatoria mínima fue parcialmente introducida para remover algunos de los elementos subjetivos de las prácticas de sentencias,” dijo Duke, vicepresidente de política pública de ERLC. “Me preocupa que las acciones [de Holder] nos lleven a una mayor disparidad en las sentencias de la que actualmente existe cuando las diferentes dependencias consideren delitos semejantes en forma diferente.”
Un examen de los actuales requisitos de sentencia para “balancear el estado de derecho y para rehabilitar a algunos delincuentes de bajo nivel que infringen la ley por primera vez” es apropiado, pero los legisladores — no la rama ejecutiva — debe conducirlo, dijo Duke.
“Aquellos convictos por poseer pequeñas cantidades de alguna droga ilícita para uso personal son buenos candidatos para tal revisión,” le dijo Duke a Baptist Press. “El abuso de drogas en nuestra nación es un problema serio que destruye vidas, familias y comunidades enteras. Debemos tomar esto seriamente. Sin embargo, nuestros legisladores deben valorar la eficacia de nuestro actual sistema al ayudar a los consumidores recreativos a terminar el uso de drogas en vez de simplemente tratar de encerrar a tantos de ellos como sea posible.”
La nueva orden de Holder — anunciada en la reunión anual de la Casa de Delegados del Colegio Estadounidense de Abogados en San Francisco — provino como parte de un discurso que trataba sobre el superpoblado sistema de prisión de EE.UU.
“[M]uchos estadounidenses van a muchas prisiones por demasiado tiempo y por ninguna verdadera buena razón del cumplimiento de la ley,” dijo Holder. “[E]s más que tiempo de implementar cambios de sentido común que fomenten comunidades más seguras de costa a costa.”
Las estadísticas que demuestran el problema, dijo Holder, incluyen:
— El número de reclusos en prisiones federales ha incrementado en un 800 por ciento desde 1980, mientras que la población de EE.UU. ha aumentado cerca de un tercio.
— Cerca de 220.000 prisioneros están en instalaciones federales, y casi la mitad de ellos están ahí por delitos relacionados con drogas.
— La población de la prisión federal está 40 por ciento más allá de su capacidad.
— El costo de encarcelación a todos los niveles gubernamentales federal, estatal y local fue de $80 billones en 2010.
— Cerca del 40 por ciento de los exprisioneros federales son arrestados de nuevo o experimentan la revocación de la supervisión dentro de los tres primeros años de su libertad.
En respuesta a la orden de Holder y al problema de la superpoblación carcelaria, Duke dijo que el castigo debe ser solamente parte de la razón del encarcelamiento. La rehabilitación debe ser otra parte del propósito.
“El reto para el sistema judicial es determinar el balance correcto entre castigo y rehabilitación,” dijo Duke. “Reducir mucho las sentencias arriesga trivializar la ley y la pérdida experimentada por las víctimas y la sociedad.
“No hacer todo lo posible para devolver las personas verdaderamente restauradas a la sociedad tan pronto como sea posible arriesga la desvalorización de la persona creada a la imagen de Dios,” dijo Duke. “Encarcelar a los delincuentes no violentos que no son narcotraficantes junto con criminales curtidos, especialmente en una ya superpoblada situación, puede hacer el proceso de rehabilitación más difícil.”
Duke citó una resolución sobre prisión superpoblada aprobada por los mensajeros a la reunión del 2013 de la Convención Bautista del Sur en Houston.
Esa resolución llamaba a los legisladores a reducir “el alto índice de encarcelamientos sin poner en peligro la seguridad pública.” También apoyaba la libertad condicional como una alternativa potencialmente sabia a sentencias prolongadas para algunos delincuentes no violentos.
En su discurso, Holder también anunció directrices para que los procuradores estadounidenses desarrollen lineamientos cuando se deban presentar cargos federales, en vez de estatales o locales; para que establezcan “estrategias amplias anti-violencia en áreas severamente afectadas” en sus distritos; y a “examinar la disparidad en las sentencias” por razones de raza.
Un reporte de febrero, dijo, mostró que sentencias en años recientes han sido casi 20 por ciento más largas para los delincuentes varones negros que para los varones blancos sentenciados por crímenes comparables.
Justice Fellowship (Compañerismo Justicia), fundado por el fallecido Charles Colson, aplaudió las acciones de Holder.
“Es tiempo que el país se aleje del uso del encarcelamiento como castigo estándar para todos los crímenes y que sea más prudente en la búsqueda de la justicia,” dijo Craig DeRoche, presidente de Justice Fellowship.
“El encarcelamiento debe reservarse para las personas que la sociedad teme que sean un riesgo para la seguridad pública, no la respuesta para cada ley que sea quebrantada,” dijo DeRoche. “En vez de eso, estamos almacenando delincuentes menores y volviéndolos criminales endurecidos para el tiempo en el que son liberados.”
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Tom Strode es el jefe de la oficina de Washington para Baptist Press.
