NASHVILLE, Tenn. (BP)–El tiempo ha llegado para nuestra nación de resolver su crisis de inmigración. Es imperativo que encontremos una solución aceptable al aprieto de millones de inmigrantes indocumentados que viven en nuestra nación. Actualmente, los dos extremos de la deportación o la amnistía están en juego el uno contra el otro lo que resulta en un estancamiento en el Congreso y una creciente frustración y división en la sociedad.
La reciente aprobación de la nueva ley en Arizona es un grito en busca de ayuda de los ciudadanos de un estado desesperado por el abandono vergonzoso y flagrante del gobierno federal de sus responsabilidades de controlar las fronteras de la nación y de imponer el cumplimiento de sus leyes. Esto es manifiestamente una responsabilidad federal y el gobierno de EE. UU. ha fallado en sus responsabilidades hacia sus ciudadanos tanto bajo la administración demócrata como bajo la republicana.
La ley de Arizona es un síntoma, no una solución. Aunque yo simpatizo con el aprieto de los sitiados ciudadanos de Arizona, la ley que han aprobado enfrenta severos desafíos. Abogados en los que confío y respeto me dicen que si la ley sobrevive los múltiples retos que enfrenta en la corte y entra en efecto, será abusada por genuina gente mala (como narcotraficantes y traficantes humanos) cuyos inescrupulosos abogados aducirán falsamente que ellos fueron víctimas del perfil racial y el prejuicio cuando fueron arrestados legítimamente.
Ninguna de las soluciones extremas de deportación o amnistía son soluciones apropiadas o viables. Forzar a aquellos que están aquí ilegalmente a salir no es ni políticamente viable ni humanitario. Ofrecer “amnistía” a aquellos que quebrantaron las leyes de inmigración de nuestro país es irrespetuoso para el estado de derecho. Lo que se necesita es una solución que respete el estado de derecho y al mismo tiempo trate a los inmigrantes indocumentados con compasión.
Como cristianos, debemos pensar sobre el asunto de la inmigración ilegal no solamente como ciudadanos preocupados, sino como cristianos compasivos. Como ciudadanos de EE. UU. tenemos el derecho de esperar que el gobierno lleve a cabo su divinamente ordenado mandato de castigar a aquellos que quebranten la ley y gratificar a aquellos que no lo hagan (Romanos 13:1-7).
Como ciudadanos del reino celestial (la iglesia), también tenemos el mandato divino de actuar redentora y compasivamente hacia a aquellos en necesidad. Jesús nos ordenó amar a nuestro prójimos como a nosotros mismos (Mateo 22:39) y tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros (Mateo 7:12). Nuestro Señor instruyó a sus seguidores a llenar las necesidades de aquellos que sufren (Mateo 25:31-36). El escritor del Libro de Hebreos instruyó a sus lectores a “practicar la hospitalidad” (Hebreos 13:2).
Como ciudadanos de EE. UU tenemos el derecho a esperar que el gobierno federal implemente las leyes en relación con quién puede cruzar nuestras fronteras. La seguridad de la frontera es un asunto de seguridad nacional, seguridad doméstica y tranquilidad, y de que el gobierno federal lleve a cabo sus divinamente mandadas responsabilidades para hacer cumplir la ley.
Como gente de fe debemos guiar a nuestras iglesias a involucrarse en ministerios de polivalentes necesidades humanas en una escala masiva para llenar las necesidades tanto físicas como espirituales de millones de hombres, mujeres y niños que viven en las sombras de la sociedad donde son explotados por inescrupulosos y victimizados por depredadores.
Como ciudadanos, también tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestra nación a responder al aprieto de estos millones de personas de una manera que respete su innata dignidad y humanidad. Los millones de trabajadores indocumentados que viven entre nosotros como marginados sin la completa protección de la ley o el completo acceso a las oportunidades que esta nación ofrece a todos para llevar a cabo el potencial dado por Dios.
Es imperativo que el Congreso de EE. UU. — coherente con la soberanía nacional y la seguridad nacional — expeditamente encuentre una manera de resolver este problema moral de maneras que sean consistentes con nuestros ideales nacionales.
Favorezco que haya una medida que incluya el control de las fronteras y la implementación de las leyes de inmigración dentro del país primero, entretanto no ofrezca amnistía a los infractores de la ley. Esta es mi posición y la posición que emerge de cualquier lectura justa y objetiva de una resolución sobre inmigración que los bautistas del sur adoptaron en su convención anual en junio del 2006.
La resolución apela al gobierno federal a “tratar seria y prestamente el asunto de cómo lidiar realísticamente con la crisis de inmigración de una manera que restaure la confianza entre la ciudadanía.”
También enfatiza que es la obligación del gobierno “implementar todas las leyes de inmigración incluyendo las leyes dirigidas a los empleadores que a sabiendas contratan inmigrantes ilegales o quienes injustamente les pagan a estos inmigrantes salarios inferiores al nivel promedio o los hacen sujeto de condiciones que están en contra de las leyes de trabajo de nuestro país.”
Una reforma apropiada debe consistir de un programa que provea un camino ganado que requiera que el inmigrante ilegal que desee permanecer legalmente en EE. UU. se someta a un chequeo de antecedentes penales, pague una multa, consienta en pagar impuestos atrasados, aprenda a hablar, escribir y leer inglés y que haga fila detrás de aquellos que han emigrado legalmente a este país para poder solicitar una residencia permanente después de algunos años de período probatorio. Deben también confesar y prometer lealtad a la estructura gubernamental estadounidense, a las responsabilidades de la ciudadanía y a nuestros valores fundamentales como están manifestados en la Declaración de Independencia. Las personas que fallen los antecedentes criminales o que rehúsen cumplir con esta generosa oportunidad de ganarse el estatus legal, deben ser deportadas inmediatamente.
Esta no es una amnistía. Amnistía es lo que el presidente Carter les dio a los evasores del servicio militar que regresaron de Canadá sin castigo, ni multas, ni ningún requisito en absoluto.
Debe recordarse que la mayoría de estos trabajadores indocumentados que han quebrantado la ley (y por lo tanto deben ser penalizados) vinieron aquí para trabajar mientras que nuestros propios criminales quebrantan la ley para evitar trabajar.
Mientras que el gobierno se enfoca en implementar la ley, a los cristianos se nos manda a perdonar y a reflejar la gracia de Dios hacia todas las personas dentro de sus comunidades incluyendo a los inmigrantes ilegales. La reciente resolución de la CBS animó a las “iglesias a actuar redentoramente y alcanzar a llenar las necesidades físicas, emocionales y espirituales de todos los inmigrantes.”
Como ciudadanos del reino celestial del Señor, tenemos el mandato divino de responder compasivamente a aquellos que están en necesidad.
No hay ni la voluntad política ni económica en la población de EE. UU. para forzadamente hacer redadas de los 12 millones de personas — muchos de los cuales tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses — y enviarlos de vuelta a sus países de origen. Las normas políticas y públicas son el “arte de lo posible.” La realidad es que no es factible para el gobierno de EE. UU. intentar deportar 12 millones de personas. Tiene que haber otra manera de resolver este asunto.
Con la esperanza de proveer una solución bíblica a este asunto, me he reunido con otros evangélicos para demandar una reforma de inmigración bipartidista que:
— Respete la dignidad que Dios le ha dado a cada persona;
— Proteja la unidad del núcleo familiar;
— Respete el estado de derecho;
— Garantice la seguridad de las fronteras nacionales;
— Asegure justicia a los contribuyentes; y,
— Establezca un camino hacia el estatus y/o la ciudadanía legal para aquellos que califiquen y que deseen llegar a ser residentes permanentes.
La realidad es que hemos sido, y somos, una nación de colonos inmigrantes, y los descendientes de tales colonos, los cuales se enfrentaron a océanos y a muchos obstáculos para venir a esta inigualable tierra de oportunidades y hacerse estadounidenses. Ya sea que nuestros ancestros hayan venido temprano, o tarde, somos estadounidenses, cualquiera que sea la nacionalidad que se use para describir nuestra herencia antes de que llegáramos. Debemos, y vamos, siempre a tener espacio en esta gran nación para aquellos que estén dispuestos a abrazar el sueño americano y los ideales americanos que tanto inspiraron ese sueño y lo definen.
–30–
Richard Land es presidente de la Comisión de Libertad Religiosa y Ética de los Bautistas del Sur.
